LA
PLATAFORMA ANDALUZA CONTRA LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS Y POR UN AIRE LIMPIO
(PACIRAL) EXIGE MÁS TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN
DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS (AAI) QUE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE VIENE CONCEDIENDO AL SECTOR INDUSTRIAL, ESPECIALMENTE EL CEMENTERO
Las Delegaciones
Provinciales de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía no publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las
modificaciones no sustanciales, las modificaciones de oficio ni los cambios de
titularidad de las AAI en vigor, lo que contraviene la pretendida
“transparencia pública de Andalucía”, obligada por la Ley 1/2014, de 24 de
junio.
“La
transparencia es inherente a la democracia y constituye una pieza fundamental
para el establecimiento de una sociedad democrática avanzada, que es uno de los
objetivos proclamados en el preámbulo de nuestra carta magna. Sin el
conocimiento que proporciona el acceso de los ciudadanos a la información
pública, difícilmente podría realizarse la formación de la opinión crítica y la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural
y social, un objetivo irrenunciable que los poderes públicos están obligados a
fomentar (artículos 9.2 de la Constitución y 10.1 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía).”
Ponemos en
conocimiento de la ciudadanía que los procedimientos que tienen por objeto las
modificaciones no sustanciales, modificaciones de oficio, cambio de titularidad
y otros, no se comunican a las entidades con intereses legítimos colectivos,
como son los grupos ecologistas o asociaciones de vecinos potencialmente
afectadas. Desde PACIRAL entendemos que se está incumpliendo el artículo 4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPA/2015).
La vorágine de documentos generados por el sector cementero andaluz
tiene su máximo exponente en Lafarge-Holcim
de Jerez de la Frontera, que suma un total de 28 resoluciones, un verdadero
rompecabezas que dificulta conocer la situación de dicha planta en un momento
concreto. Cementos Cosmos Córdoba, con 14 documentos y Portland Valderrivas, de
Alcalá de Guadaíra, también con 14, son otro muestrario de este galimatías.
Esta acumulación y dispersión dificulta a las entidades con
intereses legítimos estudiar los procedimientos, por lo que el dictamen
ambiental no recoge el pronunciamiento público, omitiéndose así el trámite de
audiencia, respaldado por el art.
105 c) CE, esencial en cuanto garantía del derecho de
participación y defensa del interesado. Esta situación incumple el artículo 21, Dictamen
ambiental, del Decreto 5/2012, de 17 de enero, y el artículo 31.5 de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: “Finalizada la fase de instrucción y previa
audiencia al interesado se elaborará una propuesta de resolución de la que se
dará traslado al órgano sustantivo”.
En consecuencia, PACIRAL
entiende que es preceptivo y oportuno la unificación en un Texto Refundido de la AAI y sus modificaciones, tal y como
establece el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio. Ese RD modifica el RD
815/2013, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales, en
varios de sus artículos, que favorezca la lectura e interpretación de la norma
en vigor por parte de los ciudadanos, entidades y magistrados, de forma que no
haya que investigar recurriendo a diversos textos para saber cuál es la normativa
en vigor.
PACIRAL, desempeñando
el papel que debe corresponder a la Administración Autonómica, en este caso la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pone en conocimiento
de la ciudadanía en general y de los colectivos potencialmente interesados en
particular, la totalidad de las AAI del sector cementero y sus modificaciones
en archivo adjunto.
PACIRAL, vuelve a
reiterar que la Junta de Andalucía se encuentra muy lejos de cumplir con el
Convenio de Aarhus y la propia Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Sevilla, 1 de octubre de
2018
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